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sí importan.

Lectura-resumen de la Casación N.º 2026-2021/San Martín

La Casación N.º 2026-2021/San Martín, expedida el 17 de mayo de 2023 por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, desarrolla criterios relevantes sobre la responsabilidad penal por homicidio culposo derivada de la inobservancia de las reglas de la profesión médica, la imputación objetiva del resultado y los límites del principio de confianza dentro de un equipo asistencial.

El caso se originó a raíz de la atención brindada por el médico ginecólogo Santos Rubén Muñoz Alfaro a una paciente con treinta y siete semanas de gestación, quien ingresó al Hospital EsSalud de Moyobamba presentando molestias propias del trabajo de parto. Los exámenes incorporados a la historia clínica revelaban leucocitosis con desviación a la izquierda, compatible con un cuadro infeccioso, mientras que el control obstétrico registró una frecuencia cardiaca fetal de ciento ochenta latidos por minuto, superior al parámetro normal de entre ciento veinte y ciento sesenta.

Pese a estos signos de alerta, el médico no dispuso que la monitorización materno-fetal se realizara cada quince minutos, conforme exigían los protocolos aplicables para situaciones de riesgo o sospecha de sufrimiento fetal. La paciente fue controlada solamente cada hora, como si se tratara de un parto sin complicaciones. Posteriormente se constató la ausencia de latidos fetales y se produjo el nacimiento sin vida de la criatura. La necropsia estableció como causa de muerte la asfixia prenatal, asociada a un cuadro de sufrimiento fetal intrauterino no diagnosticado ni tratado oportunamente.

El médico fue condenado como autor del delito de homicidio culposo a un año y once meses de pena privativa de libertad, suspendida por el mismo periodo, y al pago solidario de veinte mil soles por concepto de reparación civil. Frente a esta decisión, interpuso recurso de casación alegando defectos de motivación, incorrecta aplicación del derecho penal material y la posibilidad de ampararse en el principio de confianza, pues consideraba que las obstetras, en atención a su formación profesional, debieron efectuar por iniciativa propia una monitorización más frecuente.

La Corte Suprema declaró infundado el recurso. En primer lugar, sostuvo que la condena se encontraba sustentada en prueba testimonial, documental y pericial legítimamente incorporada al proceso. La historia clínica, las declaraciones de las obstetras, la necropsia y las explicaciones de los peritos permitían concluir racionalmente que el médico conocía —o se encontraba en condiciones de conocer— los signos de riesgo que presentaban la gestante y el concebido. Por consiguiente, no se verificó la utilización de prueba ilícita ni una motivación contraria a las reglas de la lógica, la experiencia o los conocimientos científicos.

En segundo lugar, la Corte precisó que el homicidio culposo se configura cuando una persona causa la muerte de otra, sin intención, como consecuencia de la infracción del deber de cuidado que personalmente le era exigible. En este caso, el deber profesional del ginecólogo comprendía revisar integralmente la historia clínica, valorar los resultados de laboratorio y la alteración de la frecuencia cardiaca fetal, así como impartir a las obstetras la indicación expresa de realizar controles cada quince minutos.

La omisión médica creó e incrementó un riesgo jurídicamente desaprobado, pues impidió detectar oportunamente el sufrimiento fetal y adoptar las medidas terapéuticas necesarias. Para la Sala Suprema, el resultado mortal se encontraba directamente vinculado con la infracción del deber de cuidado: era objetivamente previsible y podía haberse evitado mediante el cumplimiento de los protocolos asistenciales. No se trató, por tanto, de una mera irregularidad administrativa, sino de una omisión profesional penalmente relevante.

Uno de los aportes centrales de la sentencia se encuentra en la delimitación del principio de confianza. Este principio permite que quienes intervienen conjuntamente en una actividad especializada esperen legítimamente que los demás profesionales cumplan las obligaciones correspondientes a sus respectivos roles. Sin embargo, esa confianza no es absoluta. No puede invocarla quien previamente ha incumplido sus propios deberes o ha actuado al margen de las reglas que disciplinan su función.

En el caso concreto, el médico no podía trasladar la responsabilidad a las obstetras, porque le correspondía evaluar clínicamente a la paciente e indicar el régimen especial de monitorización. Al omitir esa instrucción, incumplió un deber propio e indelegable. En consecuencia, la exclusión procesal de las obstetras no eliminaba ni disminuía el ámbito de responsabilidad penal atribuible al ginecólogo.

La Corte también examinó la calificación jurídica del resultado. Determinó que correspondía aplicar el delito de homicidio culposo y no una figura vinculada con la vida fetal, porque el proceso de nacimiento ya había comenzado con el periodo de dilatación y las contracciones propias del trabajo de parto. Desde ese momento, según el criterio asumido por la Sala, el peligro recae sobre una vida humana independiente en proceso de nacimiento. Además, el concebido presentaba madurez morfológica y funcional suficiente para nacer vivo.

En conclusión, la Corte Suprema estableció que la responsabilidad penal médica no surge únicamente de la producción de un resultado adverso, sino de la comprobación de una infracción concreta del deber de cuidado, de la creación o incremento de un riesgo prohibido y de la realización de ese riesgo en el resultado mortal. Asimismo, reafirmó que el principio de confianza no protege al profesional que incumple sus propias competencias ni permite trasladar a otros integrantes del equipo asistencial las consecuencias de una omisión personal.

Finalmente, la Sala Penal Permanente declaró infundado el recurso, no casó la sentencia de vista, mantuvo la condena impuesta y ordenó al recurrente el pago de las costas procesales.